Notas detalladas sobre decreto 2035 de 2005
Notas detalladas sobre decreto 2035 de 2005
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En aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en el presente Positivo decreto-clase, el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 31 de diciembre de 2025. El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida.
Estas ayudas tienen una doble prisma, una dirigida a los ciudadanos en Caudillo y otra en el que el foco se pone en aquellas empresas cuya actividad se corresponde con el reparto de mercancíFigura en el ámbito urbano. En ambos casos, la rotura de stock tras el impacto de la pandémica y el posterior incremento de precios ocasionados por la combate de Ucrania ha supuesto un incremento de precios en un producto que puede tener un precio de adquisición elevado en narración a las bicicletas sin pedaleo asistido.
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En las restantes medidas sobre Seguridad Social también concurren los presupuestos que justifican asistir a la código de emergencia. En cuanto a la modificación del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, supone el cumplimiento de la Recomendación 11 del Pacto de Toledo, para el Régimen de Clases Pasivas. Se acomoda Vencedorí este régimen distinto a la disposición transitoria trigésima novena del texto refundido de la Condición General de la Seguridad Social, que establece una subida de la pensión máxima para compensar el incremento continuo de la pulvínulo máxima de cotización desde 2024.
c) Suscribir por arrendador y arrendatario el compromiso relativo al aval al inquilinato, con arreglo al modelo aceptado por la Administración.
Esto permitiría extender el régimen transitorio para determinadas inversiones extranjeras directas realizadas por residentes de la UE y de la AELC, siempre que concurran los siguientes supuestos: se trate de inversiones extranjeras directas sobre empresas cotizadas en España, o en empresas no cotizadas si el valía de la inversión supera los 500 millones de euros, y se realice en los sectores citados en el apartado 2 del artículo 7bis de la Ralea 19/2003, de 4 de julio, y pueda potencialmente afectar a la seguridad, orden o Vitalidad públicos.
Más de dos años a posteriori de la entrada en vigor de la citada índole, ha devenido inasequible el cumplimiento tanto del objetivo permitido previsto como de la política del Gobierno en esta materia en el plazo razonable que se proponía, generando una disfunción en la aplicación de la disposición adicional novena de la referida condición que no sería satisfecha recurriendo al procedimiento normativo ordinario, lo que justifica la extraordinaria y urgente penuria de aprobación de esta medida a través de este Efectivo decreto-ley.
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La Condición ha establecido igualmente los derechos que deben ser pagados por los usuarios de tales servicios, los cuales, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 93 del Código de Comercio constituyen ingresos ordinarios de las Cámaras.
1. Los importes que perciban las comunidades autónomas y las entidades locales con cargo a los créditos presupuestarios que se autorizan deberán destinarse exclusivamente a financiar la prestación del servicio de transporte divulgado urbano o interurbano y, en todo caso, a compensar en el plazo máximo de dos meses desde la recibimiento de las ayudas o anticipos de las mismas, a las entidades y operadores de transporte que realicen los descuentos efectivos por la merma de ingresos que haya supuesto la implantación de la medida.
1. Estas medidas de apoyo son compatibles y acumulables con cualquier otra subvención o ayuda que pueda permanecer concediendo con la finalidad de acortar el precio final de mantillo de los títulos recurrentes expedidos por los prestadores del servicio.